Derivado de un convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Social en 2013, asciende a 396 millones de pesos
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Continúa sin aclararse el presunto fraude de 396 millones de pesos por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), derivado de un convenio, por 698 millones de pesos, firmado con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2013.
De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la UAEM utilizó los recursos provenientes del gobierno federal en subcontratar de manera sospechosa a cinco empresas, a las cuales pagó pese a múltiples irregularidades en la realización de los servicios. Dichas empresas son Grupo Comercializador Cónclave S. A. de C.V., Prodasa S.A. de C.V., Dumago Systems Solution S.A. de C.V., Evyena Servicios S.A. de C.V., y Meve Soluciones S.A. de C.V.
Asimismo, Grupo Comercializador Cónclave fue señalado, por el extinto IFE, como participante en una posible compra de votos.
Mientras, de la empresa Prodasa, uno de sus accionistas fue encarcelado en 2006 por lavar dinero del narcotráfico, y en el caso de Dumago, la empresa fue inhabilitada en 2005 y después rehabilitada.
En el documento de la ASF se muestra que algunas de las irregularidades que realizó la UAEM es la compra de 31 mil 199 artículos, entre los que destacan la adquisición de 3 mil 818 vasos de plástico duro por 57 mil 292 pesos, 563 plumas de tinta negra punto medio con diseño por 5 mil 633 pesos, 3 mil 873 paliacates a un precio de 79 mil 446 pesos, 3 mil 026 tortilleros por 96 mil 861 pesos, 2 mil 864 portacredenciales con logo por 13 mil 750 pesos y 2 mil 864 imanes impresos a 4×0 en papel magnecote con un costo de 13 mil 320 pesos.
Asimismo, determinó que, de manera irregular, la UAEM fraccionó en dos licitaciones públicas la adquisición de los bienes. La Primer convocatoria fue publicada el 17 de septiembre de 2013, para la distribución de 16 mil 311 bienes; la empresa ganadora fue Grupo Comercializador Cónclave, S.A de C.V., con una oferta de 207 mil 779 pesos, pero no suscribió el contrato respectivo; únicamente se firmó el pedido número 2013 1170-BIS, no obstante que el monto excedió 300 veces el salario mínimo vigente en el DF, por lo que se contravino la normativa.
Conforme la información proporcionada por el SAT se conoció que Grupo Comercializadora Cónclave S.A de C.V., tienen como giro la industria manufacturera y no declaró, para efectos de ISR, los 207 mil 779 pesos cobrados, por lo que la ASF realizó una visita en dos domicilios, el que se consigna en la factura emitida y que aparece con la cuenta bancaria donde se depositaron los recursos federales por parte de la UAEM.
En ninguno fue localizado.
En el primero se encuentran consultorios médicos y, en el otro, un despacho de abogados; en ambos manifestaron que no conocen a la empresa, de lo cual quedó constancia en actas administrativas circunstanciadas de auditoría. Lo anterior corrobora que la UAM asignó el pedido y pagó a un proveedor no localizado.
Aunado a lo anterior, también se detectó que no existe evidencia de la entrega de material didáctico y de apoyo, ni se acreditó la evidencia de los lugares y fechas de los cursos dirigidos al equipo de operación del proyecto, así como a los estados donde serían destinados para el programa Sin Hambre.
Por estas y otras irregularidades se presume un probable daño o prejuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 396 millones 838 mil pesos 411 pesos, en virtud de que no se tiene evidencia de la adquisición y de la entrega de los bienes y servicios a 400 municipios del convenio de colaboración, sin embargo, se liberaron los pagos el 15 de octubre y 21 de noviembre de 2013.
Llama la atención que en esta casa de estudios se permita que los profesores y los directivos realicen actividades proselitistas desbordadas en favor del rector Alejandro Vera, quien busca la gubernatura de Morelos.
Para ello, el activista y titular de la Secretaría de Extensión de la UAEM, Javier Sicilia, ha dedicado su tiempo a promover al titular de la máxima casa de estudios de la entidad, misión a la que ahora se suman el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de migrantes.
Recientemente, la representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Juliana García Quintanilla, ha criticado al rector Alejandro Vera, así como al secretario de Extensión, Javier Sicilia, por utilizar a los familiares de las víctimas con fines electorales.
En esta trama de complicidades y acciones oficiosas destaca el papel de Wistano Orozco, que en su papel de director de Proyectos especiales firmó, sin supervisión alguna, todos los contratos que están sujetos al escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación.
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